5 de junio de 2012

La Captura y su Legalización

Salvo los casos de captura en flagrancia o de la captura excepcional dispuesta por la Fiscalía General de la Nación, para privar de libertad a una persona es indispensable la orden escrita de un juez de control de garantías (artículo 297 de la ley 600 de 2000, modificado por el artículo 1142 de 2007), quien la librará, a solicitud de un fiscal, si encuentra “motivos razonablemente fundados, de acuerdo con el artículo 221, para inferir que aquel contra quien se pide (…) es autor o partícipe del delito que se investiga” (artículo 297, ibídem).


Entonces, tanto el fiscal como el juez están obligados (uno en la solicitud y otro en la orden) a desplegar un real esfuerzo argumentativo, que evite la arbitrariedad y garantice al indiciado el respeto de sus derechos. Tan mal está librar una orden sin elementos de juicio serios, como negarla cuando estos se aportan con la petición.

Una vez cumplida la orden, el capturado será puesto a disposición del juez de garantías, a más tardar, dentro de las 36 horas siguientes, para que realice el control de legalidad respectivo.

Lamentablemente, una norma tan clara ha visto entorpecida su aplicación con interpretaciones que privilegian la insensatez y desconocen la jurisprudencia.

Así, es frecuente todavía que los jueces ilegalicen las capturas con el argumento de que el retenido no fue llevado inmediatamente ante el juez de garantías sino horas después de la aprehensión. Para estos funcionarios, el simple transcurso del tiempo implica el quebrantamiento de los derechos fundamentales del indiciado o imputado. Desconocen así lo dicho por la Corte Constitucional en las sentencias C 163 y 425 de 2008.

En la agitada vida moderna, es imposible que los cientos de personas que son capturadas cada día sean llevadas ante un juez en los términos tan perentorios que algunos pretenden. Esa realidad, de manera implícita pero clara, fue considerada en la ley y en las sentencias de constitucionalidad antes citadas.

Los servidores públicos que efectúan las capturas están obligados a cumplir algunos protocolos básicos antes de dejar el retenido a disposición del juez: deben hacer reseñas, tomar fotografías, consignar los datos en los sistemas de cómputo y en libros, etc.

Como si eso fuera poco, las distancias y las congestiones vehiculares, lo muestra la praxis, impiden muchas veces que se obre con la celeridad deseable.

La Corte Constitucional, en las sentencias ya comentadas, sin duda considerando esas y otras circunstancias, precisó que en Colombia el término sin demora (utilizado por el derecho internacional en esta clase de asuntos) se traduce en un máximo de 36 horas; dentro de ese lapso (y hasta el último minuto) puede entonces la Fiscalía solicitar a un juez la declaratoria de legalidad de una captura cualquiera.

Si la solicitud se hace, se insiste, treinta o treinta y cuatro horas después de la retención, no puede el juez, sin quebrantar la ley, declarar la ilegalidad del procedimiento, con la tesis, muy recurrida lamentablemente, de que la Policía pudo dejar el retenido a disposición del fiscal en un término más corto; o que el fiscal, a su vez, pudo solicitar antes la audiencia. No, mientras no se excedan las treinta y seis horas, no será factible, en términos generales, decretar por ese solo hecho ilegal la captura.

Pero si así ocurre, debe el fiscal presentar los recursos pertinentes. Y en caso de que el juez de segunda instancia persista en el error, deberá acudir a la acción de tutela para remediar el entuerto. Lo que no pueden los fiscales es permanecer impasibles ante decisiones que interpretan arbitrariamente la ley y desconocen la jurisprudencia constitucional sobre la materia.

Claro, a veces, a pesar de que hayan trascurrido, por decir algo, solo cuatro horas desde la aprehensión, podrá alegarse la vulneración de los derechos del retenido (por ejemplo, cuando se le impide comunicarse con su abogado de confianza); pero más frecuente será que la captura sea legal, a pesar del transcurso de un tiempo mayor.

No debe olvidarse que la captura puede legalizarse aún en la hipótesis del que el capturado se encuentre inconsciente, como bien se dijo en la sentencia C 425 de 2008.

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