25 de septiembre de 2012

Acuerdos y Preacuerdos (I)



El artículo 348 de la ley 906 de 2004 consigna, entre otros, uno de los propósitos fundamentales del sistema penal acusatorio: la descongestión de los despachos judiciales mediante una vía que, se creía, iba a ser la más utilizada para culminar los procesos: los acuerdos y preacuerdos.

Sin embargo, nuestro improvidente y prolífico legislador se ha encargado una y otra vez de ponerle talanqueras a ese objetivo, con la expedición de leyes como las 1098 y 1121 de 2006 y la 1453 de 2011, que cerraron el paso a la finalización anticipada de miles de actuaciones.

Tal asunto amerita un análisis concienzudo pero desborda el objetivo de esta nota.

Examinemos, sí, de manera rápida, algunos aspectos del tema propuesto.

El artículo 350 del Código de Procedimiento Penal establece: “Desde la audiencia de formulación de imputación y hasta antes de ser presentado el escrito de acusación, la fiscalía y el imputado podrán llegar a un preacuerdo sobre los términos de la imputación. Obtenido este preacuerdo, el fiscal lo presentará ante el juez de conocimiento como escrito de acusación…”

Es obvio que el juez sólo puede conocer del preacuerdo una vez se haya formulado la imputación; pero la Fiscalía, el imputado y su defensor pueden suscribirlo antes de esa diligencia, sin que ello afecte la validez del mismo. Algunos han sostenido lo contrario; no obstante, la Corte Suprema de Justicia ha sido clara en enseñar que el “esquema de premios, de beneficios, a cambio de evitar los juicios, conlleva a que entre las partes se establezcan conversaciones, ‘transacciones’, ‘negociaciones’, sin que tales acercamientos previos deban ser puestos en conocimiento del juzgador, a quien solamente se le informa del convenio finalmente logrado.



“Si ello es así, lo sucedido en el caso considerado, esto es, ese preacuerdo previo a la audiencia de formulación de imputación forma parte de esos diálogos privados entre las partes, que no necesariamente se imponía conociera el juzgador, en tanto el ‘convenio’ logrado apuntaba exclusivamente a que, formulada la imputación, el indiciado se acogería a los cargos allí presentados” (auto del 7 de diciembre de 2011, radicado 36.367, M. P. José Luis Barceló Camacho).

Ello es apenas entendible, porque cuando la Fiscalía, el imputado y el defensor entablan negociaciones para finalizar anticipadamente el caso, cumplen actos de parte y no están sujetos ni a la tutela ni a la aprobación judiciales. Obvio, como ya dijimos y en respeto del debido proceso, debe formularse imputación antes de que el preacuerdo se presente al juez de conocimiento. Claro, las conversaciones previas delinean la imputación y permiten culminar el proceso de manera rápida, en pro de la economía procesal, de la eficiencia de la administración de justicia y de los intereses de imputado, de la comunidad y de las víctimas.
  

En todo caso, el juez debe verificar que el consentimiento del imputado sea libre, consciente, informado y debidamente asesorado por su defensor.

Una vez aprobado el acuerdo, el imputado no puede retractarse, salvo vulneración de sus derechos fundamentales (artículo 293, parágrafo, de la ley 906 de 2004), pues vulneraría el principio de lealtad. También tiene limitados los recursos de apelación y casación, que sólo podrá interponer en cuanto toquen con el quantum de la pena, las circunstancias que la determinaron y la violación de sus garantías fundamentales. Claro, si la pena y sus consecuencias fueron objeto del preacuerdo, ya aprobado, también le estará vedado recurrir esos aspectos de la sentencia.

Debe precisarse, sin embargo, que antes de que el juez apruebe el preacuerdo, es factible que la Fiscalía o el imputado renuncien al mismo.

Al respecto, dice la Corte Suprema de Justicia:

“[…] es posible la retractación del preacuerdo, sin ninguna cortapisa o limitación, siempre y cuando ese retracto opere antes de que el juez de conocimiento verifique que se trató de una aceptación de responsabilidad penal libre, consciente, voluntaria, completamente informada y con presencia del apoderado del imputado, en remisión que necesariamente debe hacerse a lo establecido en el artículo 131 de la Ley 906 de 2004.

(…)

“Entiende la Sala, dejando de lado el argumento exegético, que efectivamente el legislador quiso, y así lo plasmó en la norma, permitir del imputado y la Fiscalía desdecirse de lo inicialmente negociado, ora porque aquel advierte que lo tentativamente firmado puede representar menoscabo para sus intereses, ya en atención a que esta advierta afectación de las finalidades insertas en el artículo 348 de la Ley 906 de 2004.

“Pero, precisamente para garantizar la seriedad de lo pactado, estableció un límite para la posibilidad de desdecirse, representado por la intervención del Juez de Conocimiento en la verificación de las circunstancias consagradas en el artículo 131 ibídem” (sic, auto del 21 de marzo de 2012, radicado 38.500, M. P. Sigifredo Espinosa P.).


Recurso de Apelación, Aprobación de los Acuerdos y Principio de Doble Instancia


El artículo 20 de la ley 906 de 2004 es del siguiente tenor: “Las sentencias y los autos que se refieran a la libertad del imputado o acusado, que afecten la práctica de pruebas o que tengan efectos patrimoniales, salvo las excepciones previstas en este código, serán susceptibles del recurso de apelación”.

La norma, de una claridad obvia, debe sin embargo armonizarse con los artículos 176, inciso 3, y 177, ibídem. Y en esa tarea, lo que parecía claro no lo es tanto y exige de los operadores jurídicos una interpretación amplia. En efecto, de atenernos a la simple literalidad, habríamos de concluir que el auto mediante el cual el juez de conocimiento aprueba o rechaza un acuerdo no es apelable, porque no está relacionado en el artículo 177. Pero es obvio que una providencia tan importante no puede quedar circunscrita a la órbita del funcionario de primera instancia.




Afortunadamente, con pocas excepciones, así lo han entendido los jueces y tribunales del país, que conceden y resuelven esta clase de recursos.

Se respeta así lo dispuesto en el artículo 176 del C. de P. P., según el cual “La apelación procede, salvo los casos previstos en este código, contra los autos adoptados durante el desarrollo de las audiencias…..”

No importa, entonces, que la aprobación o aprobación del acuerdo no tenga relación directa con la libertad o la práctica de pruebas, ni genere efectos patrimoniales, ni se encuentre en el listado del artículo 177. Lo sustancial es que es un auto de significativa relevancia, proferido en audiencia.

La tesis propuesta no desconoce el principio de taxatividad de las nulidades (artículo 458, ibídem), sino que interpreta el asunto con respeto de las normas rectoras y los principios constitucionales.

No quiere decir esto que se comparta la teoría, todavía invocada con frecuencia en los estrados judiciales, de que todas las providencias de los jueces pueden ser apeladas. Ello no es cierto, como tuvo oportunidad de aclararlo la Corte Constitucional, en sentencia C-377 de 2002, M.P. Clara Inés Vargas Hernández, así:

“Tradicionalmente se ha aceptado que el recurso de apelación forma parte de la garantía universal de impugnación contra las decisiones judiciales. Sin embargo, de lo dispuesto en el artículo 31 Fundamental se concluye que la doble instancia mediante el reconocimiento del recurso de alzada no es obligatoria en todos los asuntos que son de decisión judicial, puesto que la ley está autorizada para establecer excepciones siempre y cuando se respeten el debido proceso, el derecho de defensa, la igualdad, y no se niegue el acceso a la administración de justicia.

“Lo anterior significa que el principio de la doble instancia no tiene carácter absoluto en el sentido de que necesariamente toda sentencia o cualquier  otra providencia judicial sea susceptible de ser apelada o consultada, pues su aplicación práctica queda supeditada a las regulaciones que expida el legislador dentro de su competencia discrecional, pero sin rebasar el límite impuesto por los principios, valores y derechos fundamentales constitucionales, específicamente lo que atañe con el principio de igualdad.

“Así, pues, es facultad del legislador señalar en qué casos los procesos judiciales se tramitarán en dos instancias y cuáles no, salvo en los casos en que la Constitución haya dispuesto expresamente lo contrario como es el caso de la impugnación de la sentencia condenatoria y de las decisiones adoptadas en ejercicio de la acción de tutela.

“Sobre este tópico la Corte ha expresado que la doble instancia, cuya especial trascendencia en el campo penal es evidente, no es sin embargo, forzosa en todos los asuntos que son materia de decisión judicial, pues el legislador, dentro de la facultad que tiene de regular su trámite, bien puede decidir en cuáles procede la segunda instancia y en cuáles no, siempre y cuando con esa determinación no vulnere normas constitucionales, especialmente, las que consagran derechos fundamentales de las partes procesales”.

Antijuricidad Material y Consumo de Estupefacientes (II)


El Acto Legislativo 02 de diciembre 21 de 2009, modificatorio del artículo 49 de la Constitución, abordó desde una nueva perspectiva el problema de los adictos a los estupefacientes. Los dos últimos incisos de la norma son del siguiente tenor:

“El porte y el consumo de sustancias estupefacientes o sicotrópicas está prohibido, salvo prescripción médica. Con fines preventivos y rehabilitadores la ley establecerá medidas y tratamientos administrativos de orden pedagógico, profiláctico o terapéutico para las personas que consuman dichas sustancias. El sometimiento a esas medidas y tratamientos requiere el consentimiento informado del adicto.

“Así mismo el Estado dedicará especial atención al enfermo dependiente o adicto y a su familia para fortalecerla en valores y principios que contribuyan a prevenir comportamientos que afecten el cuidado integral de la salud de las personas y, por consiguiente, de la comunidad, y desarrollará en forma permanente campañas de prevención contra el consumo de drogas o sustancias estupefacientes y en favor de la recuperación de los adictos.”



Algunos han creído, basados en esa reforma y en lo dispuesto en la ley 1453 de 2011, que en Colombia ya no es viable hablar de dosis personal de psicoactivos. La Corte Suprema de Justicia salió al paso de tal interpretación y sostuvo:

“…aún con la prohibición constitucional de porte y consumo de estupefacientes, el concepto de dosis personal no ha desaparecido del ordenamiento jurídico, pues el literal j) del artículo 2º de la Ley 30 de 1986, no ha sido derogado, a pesar de las varias normas que se han expedido en orden a tener por lícito su consumo y ahora por penalizarlo.

“Lo que advierte la Sala es un conflicto entre normas de carácter constitucional, a saber, el artículo 49 que prohíbe el porte y consumo de lo conocido en nuestra comunidad jurídica como dosis personal, y el artículo 16 que consagra el derecho al libre desarrollo de la personalidad, por cuya defensa y efectividad, desde el año 1994, la Corte Constitucional declaró contraria a la Carta la norma legal, artículo 51 de la ley 30 de 1986, que sancionaba penalmente a personas adictas a las drogas enunciadas en el artículo 376.

“Dicha pugna debe resolverse de acuerdo con los parámetros fijados por la propia Corte Constitucional, cuando señaló que ‘se soluciona el conflicto de normas  mediante un análisis razonable que puede llegar a hacer compatibles ambas disposiciones, mediante la aplicación preferente de la norma que encarne un mayor contenido axiológico y que, al mismo tiempo, no sacrifique el núcleo esencial de la otra disposición’[1]. Y también ‘las posibles incompatibilidades entre las disposiciones del mismo rango se resuelven, en principio, con la aplicación de las reglas de la lógica jurídica tradicional, salvo expresa disposición constitucional en contrario”[2]

“En aplicación de lo anterior, para la Sala la norma superior que prohíbe el consumo y porte de estupefacientes como dosis personal interpretada junto con aquel precepto legal que establece pena de prisión para esta clase de comportamientos (artículo 376 del Código Penal), implica la anulación del derecho fundamental que consagra el artículo 16 constitucional, pues se reprime y sanciona con el castigo más severo (pena de prisión), la decisión de la persona de abandonar el cuidado de su salud individual, elección que corresponde a su fuero interno y no trasciende en el menoscabo de los derechos de los otros miembros de la sociedad, mas allá de un mero reproche moral que de ninguna manera puede soportar la imposición de una pena.

“Como se expuso al principio de este capítulo, las anteriores razones fueron las expuestas en su momento por la Corte Constitucional en su sentencia C 221 de 1994, argumentos que continúan vigentes ante la cada día más clara tendencia del Estado Colombiano de respetar y defender las libertades individuales, de allí que cualquier norma, así sea también de rango constitucional, que pretenda sancionar el ejercicio de ese derecho por conductas que puedan resultar moralmente reprochables, es contraria a la Constitución e impone del operador judicial interpretar el ordenamiento jurídico conforme a esta tendencia.

“Es decir, a pesar de la reforma constitucional a través del Acto Legislativo 02 de 2009 y de la modificación del artículo 376 del Código Penal mediante el artículo 11 de la Ley de Seguridad Ciudadana, es posible tener por impunes las conductas de los individuos dirigidas al consumo de estupefacientes en las dosis fijadas en el literal j) del artículo 2º de la Ley 30 de 1986, o en cantidades ligeramente superiores a esos topes, esto último de acuerdo con el desarrollo de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia sobre el tema. 

“Lo anterior, en razón al respeto al derecho al libre desarrollo de la personalidad, y a la ausencia de lesividad de conductas de porte de estupefacientes encaminadas al consumo del adicto dentro de los límites de la dosis personal, pues éstas no trascienden a la afectación, siquiera abstracta, del bien jurídico de la salud pública, el cual es el que principalmente protege el tipo penal descrito en el artículo 376 del Código Penal.

“No puede pasarse por alto que la sanción penal contenida en los artículos 376 y siguientes de dicho estatuto, es producto del compromiso adquirido por Colombia a través de la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas aprobada mediante Ley 67 de agosto 23 de 1993, cuyo proceso de revisión constitucional se hizo en sentencia C-176 de 1994, la cual impone a los Estados parte, la tipificación de comportamientos que tengan que ver con el comercio de estas sustancias, siendo esta su principal finalidad, más no la sanción para el consumidor, pues dicha cuestión se dejó a reserva de cada Estado de acuerdo con sus principios constitucionales[3], siendo lo que se ajusta a nuestro orden interno, aquella posición que propende por la no sanción del porte de sustancias por parte del adicto para su consumo en las cantidades fijadas por nuestro legislador, postura sentada desde el año 1994 en la tantas veces mencionada sentencia C 221.

“Esta visión fue el punto de partida para que la Corte Constitucional en su sentencia C -420 de 2002, al hacer el análisis de constitucionalidad de todas las normas que tipificaban el tráfico de estupefacientes, frente a una demanda que considerada necesaria la despenalización del narcotráfico, realizara su análisis respecto del grado de dañosidad del comercio de estas sustancias, señalando que era legítima su tipificación como delito ante la clara afectación de intereses colectivos como la seguridad pública, el orden económico y social, además de la salud pública. Además por la obligación del Estado Colombiano frente a la comunidad internacional de prohibir en forma absoluta ‘la producción, el uso o tráfico de esas sustancias cuando éstos se efectúan con finali­da­des diferentes a las estrictamente médicas o científicas’[4].

“En aquella sentencia, se dejó en claro la conformidad con la Carta de la criminalización de comportamientos contenidos en ese gran conjunto del tráfico de estupefacientes:

“En las condiciones expuestas, si bien a la Corte no le incumbe la determinación del modelo de política criminal que ha de adoptar el Estado colombiano en materia de narcotráfico, si advierte que la penalización del tráfico de estupefacientes no contraría los fundamentos constitucionales de la imputación penal en cuanto comprende una gama de conductas que trascienden el fuero interno de la persona y que se proyectan en una amplia gama de derechos ajenos[5]. (Resaltado nuestro)

“También cómo la orientación del legislador interno y de la comunidad internacional, no se dirige hacia el ataque y criminalización del consumidor, sino hacia la neutralización de conductas que trascienden la esfera individual, para constituirse en un verdadero peligro para la comunidad que de ninguna manera pueden ser toleradas.

“Las anteriores razones reafirman la postura de la Corte en torno a cómo es posible dejar impune el comportamiento del adicto que porta una sustancia para su consumo personal en la dosis permitida, sin que ello implique renunciar a la efectiva sanción penal del tráfico de estupefacientes en todas sus modalidades.

“El adicto, si bien es una persona enferma, de todas formas debe someterse a las pautas que regulan una situación que la sociedad no puede desconocer como una realidad, cual es la necesidad de despenalizar el consumo y porte de la dosis personal, en orden a garantizar el ejercicio al libre desarrollo de la personalidad del enfermo, empero, esa libertad no puede extenderse a permitirle llevar libremente cantidades de estupefaciente que desbordan gravemente lo tolerado, pues una eventualidad como esa indica en forma legítima a presumir una destinación ilícita de la droga incautada, pues sólo puede concluirse un fin de consumo, cuando la cantidad se encuentra en los topes definidos como dosis personal o superados ligeramente.



“En tal medida, si la persona farmacodependiente pretende que su comportamiento sea excusado dada esa particular condición, debe ejercer esa opción que ha elegido de consumir estupefacientes, respetando la regulación que para ese fenómeno ha implementado el Estado, conformándose con portar la dosis en las cantidades permitidas o que las superen mínimamente, pues sólo de esa manera se deriva la falta de afectación a bienes jurídicos de naturaleza abstracta como lo es la salud pública.

“Así las cosas, el reparo de la defensa sobre la violación directa de la Ley sustancial por falta de aplicación de la norma que establece el principio de lesividad como uno de los presupuestos de puniblidad de una conducta típica, artículo 11 del Código Penal, no está llamado a prosperar, dado que según se ha expuesto, el comportamiento desplegado por Juan Carlos Vela, no puede calificarse como el porte de estupefacientes para el consumo de dosis personal, ante el desborde significativo de la cantidad tolerada, circunstancia que es suficiente para predicar la puesta en peligro abstracto del bien jurídico de la salud pública.

Si los jueces y fiscales leyeran con atención esa y otras sentencias de la Corte, concluirían sin mayores dificultades que hasta los adictos que porten cantidades de estupefacientes que superen de manera significativa la dosis personal incurren en una conducta punible.

Cuando los funcionarios judiciales desconocen esas enseñanzas, desconocen también la ley, con las serias consecuencias que ello implica.

No se entiende entonces cómo, en algunas regiones del país, los fiscales archivan las indagaciones con el argumento de que un consumidor habitual de estupefacientes que porta 2 gramos de cocaína o 40 de marihuana no incurre en una conducta típica. Por supuesto, decisiones de tal naturaleza son del resorte de los jueces, no de los fiscales.


[1] Sentencia C- 059 de 1993
[2] Sentencia C  593 de 1995
[3] En el artículo 3º de la Convención, denominado Delitos y Sanciones, su artículo 2º dispone: “A reserva de sus principios constitucionales y a los conceptos fundamentales de su ordenamiento jurídico, cada una de las Partes adoptará las medidas que sean necesarias para tipificar como delitos penales conforme a su derecho interno, cuando se cometan intencionalmente, la posesión, la adquisición o el cultivo de estupefacientes o sustancias sicotrópicas para el consumo personal en contra de lo dispuesto en la Convención de 1961, en la Convención de 1961 en su forma enmendada o en el Convenio de 1971”.

[4] Sentencia C-176-94
[5] Sentencia C- 420 de 2002

17 de julio de 2012

Antijuricidad Material y Consumo de Estupefacientes (I)

Durante los últimos años, los jueces colombianos han solucionado de manera diversa y contradictoria los asuntos atinentes al porte, con fines de consumo, de pequeñas cantidades de estupefacientes, y generado así una enorme inseguridad jurídica.

En sus decisiones, siempre hablan de la antijuridicidad material de la conducta, concepto que el artículo 11 de la ley 599 de 2000 sintetiza así: “Para que una conducta típica sea punible se requiere que lesione o ponga efectivamente en peligro, sin justa causa, el bien jurídicamente tutelado por la ley penal”.

No basta, pues, para hablar de hecho punible, la simple contradicción entre la conducta y la ley: es necesario que esa contradicción efectivice un daño o un riesgo.

Y el análisis sobre ese punto específico, como dice la Corte Suprema de Justicia, sólo puede hacerse en cada caso concreto, pues “El principio de lesividad ha de operar no en la fase estricta de previsión legislativa sino en la dinámica de valoración de la conducta” (sentencia del 25 de mayo de 2006, rdo. 21.923, M. P. Álvaro Orlando Pérez Pinzón).

La Corte citó entonces apartes del debate que en el Congreso precedió la aprobación de la ley, en el cual se afirmó: “Se mantiene la norma sobre la antijuridicidad, no obstante, se resalta la necesidad de abandonar la presunción iuris et de iure de peligro consagrada en algunos tipos penales”.

Basándose en la nueva realidad jurídica, el 8 de agosto de 2005, la Corte, con ponencia del magistrado Herman Galán Castellanos, rdo. 18.609, dijo que debía ponderarse el bien jurídico en orden a su protección y, sin profundizar en el tema, concluyó que tratándose de cantidades insignificantes de psicoativos para el consumo no es posible hablar de antijuridicidad material.

No explicó, empero, qué debe tenerse por insignificante. Y esto ha hecho que los jueces y tribunales del país interpreten a su amaño el término. El resultado es el apenas previsible: en un mismo día, en una misma ciudad, casos similares se resuelven de manera distinta. Así, mientras en un despacho se absuelve a quien portaba con fines de consumo 45, 50 y hasta 80 gramos de marihuana o 3 de cocaína, en otro se condena por el porte, con el mismo fin, de cantidades sensiblemente menores.

En numerosas sentencias, la Corte ha ratificado su doctrina, pero sin ahondar en un aspecto sustancial: el concepto de insignificancia, que es relacional y surge de comparar medidas (cantidad, peso, tamaño, etc), valores, cosas o personas. Insignificante es lo muy bajo en una categoría de graduación, en cualquier orden o escala.


Tratándose de psicotrópicos, ese concepto debe necesariamente determinarse con relación a la dosis contemplada en la ley 30 de 1986, artículo 2, literal j. Es decir, es indispensable confrontar la cantidad incautada y la mencionada en la norma. No se trata, entonces, y en abstracto, de concluir que dos o tres gramos de cocaína son una cantidad muy pequeña (que lo son) sino de relacionar el límite impuesto por el legislador con el estupefaciente incautado.

Si a la lógica nos atenemos, perentorio es concluir que no puede ser insignificante una cantidad de estupefaciente que duplica el límite trazado por el legislador. La Corte Suprema lo ha entendido así en algunas sentencias en las cuales, desde la perspectiva de la insignificancia, concluyó que vulneraron la ley penal quienes portaron con fines de consumo 40,5 gramos de marihuana (rdo. 24.612), 2 gramos de basuca (rdo. 24.026), 30,2 gramos de marihuana (rdo. 24.668) y 2,7 de cocaína (rdo. 23.609).


De manera ilustrativa, en fallos del 18 de noviembre de 2008 (radicado 29.813) y del 8 de julio de 2009 (rdo. 31.531), al absolver a dos personas que portaban con fines de consumo 29,9 gramos de marihuana y 1,3 gramos de cocaína, respectivamente, dio a entender que mientras la cantidad de psicoactivos no duplique la establecida en el artículo 2 de la ley 30 de 1986, no es factible predicar antijuridicidad material de la conducta.

Otros asuntos problemáticos serán mencionados en el artículo siguiente.

21 de junio de 2012

Juez Competente para la Imputación

El artículo 39 de la ley 906 de 2004 originalmente establecía: “La función de control de garantías será ejercida por un juez penal municipal del lugar en que se cometió el delito”.

Para remediar las dificultades originadas en la interpretación de la norma, y siguiendo las pautas trazadas por la Corte Suprema de Justicia, la ley 1142 de 2007, artículo 3, dispuso: “Si la captura se produjo en lugar distinto al de la comisión de la conducta punible, la función de control de garantías podrá efectuarla el juez penal municipal del territorio donde se realizó la aprehensión o aquel donde por razones de urgencia o seguridad haya sido recluido el capturado. A falta de este se acudirá al juez municipal de otra especialidad."

“Si después de ejercido el control judicial de la captura el fiscal formula imputación, solicita la imposición de medida de aseguramiento o realiza cualquier otra solicitud dentro del mismo asunto, se aplicará la misma regla del inciso anterior.”

En principio, sin embargo, seguía siendo competente para tales menesteres el juez del lugar donde se había cometido el delito.

Empero, el artículo 48 de la ley 1453 de 2011 introdujo nuevas modificaciones a la materia, suprimió los incisos transcritos y ordenó: “La función de control de garantías será ejercida por cualquier juez penal municipal”. Conservó sí la figura de los jueces de control de garantías ambulantes, creados por la ley 1142.

Es obvio, y así lo ha entendido la jurisprudencia, que en lo concerniente a la competencia de los jueces de control de garantías debe privilegiarse una interpretación que imprima mayor celeridad y eficiencia a la administración de justicia y evite riesgos y dificultades a las partes e intervinientes.

Así lo dio a entender la Corte Suprema: “…imprimiendo al asunto criterios de razonabilidad, el citado artículo 39 de la Ley 906 de 2004, como la ha dicho la Sala, “busca precisamente hacer más flexible esa posibilidad general de intervención, al punto de instituir los llamados jueces de garantías ambulantes, quienes actuarán en los lugares donde sólo se radique un juez municipal o, para lo que aquí interesa ‘se trate de un lugar en que el traslado de las partes e intervinientes se dificulte por razones de transporte, distancia, fuerza mayor o otras análogas”. 

“De esa manera la mentada normativa busca que ante imprevistos se pueda acudir ante el juez de control de garantías más cercano o disponible con el fin de que intervenga dentro del menor tiempo posible, tendiente a sortear las muchas dificultades que por razón de la carencia de jueces y fiscales, limitaciones geográficas y condiciones de seguridad, dificultan la posibilidad material de que en todo los casos los indiciados sean presentados, de manera inmediata, ante el juez de control de garantías con asiento en el lugar de los hechos” (auto del 16 de febrero de 2011, radicado 35704, M. P. Jorge Luis Quintero Milanés).

Puntualizando aún más, en providencia proferida bajo la vigencia de la ley 1453 de 2011, dijo esa corporación:

“Ahora, examinada la evolución normativa del artículo 39 de la Ley 906 de 2004, se advierte que el legislador en la Ley 1453 fue claro en sentar que la función de control de garantías la ejerce cualquier juez penal municipal, sin importar el lugar en que ocurrió el acontecer fáctico, y respecto de los asuntos que conoce la Corte Suprema de Justicia, el control de garantías estará a cargo de un magistrado de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá.

“Es cierto que el artículo 39 de la Ley 906 de 2004, modificado por el artículo 3° de la Ley 1142 de 2007, reglaba que la función de garantías debía ser ejercida por un juez penal municipal del lugar donde se cometió el delito, pero tal condicionamiento desapareció con la Ley 1453 de este año.

“No obstante lo anterior, la Corte debe precisar que tal modificación normativa no puede llevar al despropósito de que la escogencia del juez de control de garantías sea un acto arbitrario o caprichoso de las partes e intervinientes, alejado de todo criterio razonable, pues ello implicaría autorizar la libre elección del juez, lo que comprometería la objetividad de la Fiscalía y podría generar también afectación del derecho a la defensa, cuando se acuda a un juez de garantías muy alejado o de difícil acceso para el implicado.

De tal manera, es menester puntualizar que la función de control de garantías preferentemente debe ser ejercida por el juez del lugar donde se cometió la conducta. Sin embargo, ello no obsta para que pueda cumplirla un funcionario de territorio diferente, siempre que exista alguna circunstancia especial que aconseje no acudir ante el juez del sitio donde ocurrió el hecho, como cuando el sujeto haya sido aprehendido en área distinta, o se encuentre privado de la libertad en establecimiento carcelario de lugar diferente al de la comisión del acontecer fáctico, o sea en otro territorio donde deban recopilarse las evidencias físicas o los elementos materiales probatorios pertinentes al caso.

“Lo anterior quiere decir, que si bien es cierto la ley no impone que el control de garantías tenga que ser siempre realizado por un juez del lugar en el que ocurrió la conducta punible, de todas formas la intervención de cualquier funcionario judicial de esa naturaleza, en cada caso concreto, debe obedecer a la necesidad de proteger las garantías fundamentales de las personas que pudieran verse comprometidas, merced a la ocurrencia de conductas delictuales sucedidas en su territorio, o que habiendo ocurrido fuera de él, han de ser investigadas dentro del ámbito de su jurisdicción, lo que implica en una u otra forma, que exista una conexión del hecho delictual con su sede funcional.

“En este orden de ideas, resulta inadmisible que se susciten conflictos de competencia entre jueces de control de garantías por el factor territorial, cuando quiera que esté acreditada alguna circunstancia especial que amerite la intervención de un funcionario con sede en lugar distinto al de la ocurrencia del hecho".

“Empero, en el evento en que un funcionario conozca de asunto como juez de garantías que no esté vinculado al ámbito de su sede territorial y las partes no muestren inconformidad frente a ese aspecto, tal situación no comporta una irregularidad que socave la estructura del proceso ni afecte los derechos de las partes e intervinientes, por lo que no constituirá motivo de nulidad.

“Conforme con lo anterior, el inciso y el parágrafo segundo del pluricitado artículo 39 de la Ley 906 de 2004, modificado por el artículo 48 de la Ley 1453, fue indebidamente interpretado por el funcionario judicial, cuando concluyó que la competencia para ejercer la función de control de garantías radica, de manera exclusiva, en el juez municipal del lugar donde se cometió el hecho".

“En efecto, estudiada la norma en su integridad como actualmente está redactada, ésta únicamente señala que para efectos de distribución y organización, en orden a la eficacia de la administración de justicia, la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, indicará qué despachos judiciales cumplirán la función de control de garantías y cuáles de juzgamiento, sin que de ninguna manera la norma señale que la competencia del juez de control de garantías viene delimitada por el factor territorial.


“De ahí que no le asista razón al titular del Juzgado Primero Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Girardot para declararse incompetente y no conocer de la audiencia preliminar de legalización de captura, basado en argumentos extraños al contenido normativo en que se fundó, en tanto el precepto es claro en estatuir que la mencionada función la ejerce el juez penal municipal, sin el condicionamiento exclusivo al lugar donde se cometió el delito.

“De esa manera, la interpretación que debe darse al citado artículo 39 del Código de Procedimiento Penal, con la última modificación de 2011, es que el factor territorial no opera de manera determinante y exclusiva respecto del juez al que corresponde ejercer la función de control de garantías, cuya intervención sólo se verá limitada por razón de fueros, por concurrencia de una causal de impedimento o de recusación o porque en el caso concreto no exista circunstancia especial alguna que justifique acudir ante su despacho y no al del lugar de ocurrencia del ilícito investigado (auto del 26 de octubre de 2011, radicado 37.674, M. P. Fernando Alberto Castro C.).